Fiscal demandará la reforma de equilibrio de poderes PDF Imprimir Correo electrónico
General
Escrito por Radio Palmira   
Domingo 10 de Mayo de 2015 10:00


El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, sostiene que el proyecto de equilibrio de poderes es inconstitucional y anuncia que si es aprobado por el Congreso, lo demandará ante la Corte Constitucional. Insiste en que debe convocarse una asamblea nacional constituyente con representación de las Farc, arremete contra el Congreso y contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Bajo el dulce rótulo de equilibrio de poderes se esconde una colcha de retazos a la que en cada debate le pegan más y más pedazos. Con la reforma no se equilibran los poderes públicos. Con el pretexto de despolitizar la Rama Judicial, se refuerzan los amplios poderes del Ejecutivo. Aunque comparto el propósito impostergable de reformar a la justicia, este proyecto es solo una sumatoria de pequeños ‘micos’ ”, dice Montealegre.


¿Cree que se está violando el principio constitucional de consecutividad que prohíbe la inclusión en segunda vuelta de temas no tratados en la primera?

Ese es uno de los problemas graves que tiene la reforma, además de muchos vicios insubsanables de constitucionalidad.

¿Si llegara a aprobarse la reforma, usted entonces la demandará?

Indiscutiblemente, si el proyecto de equilibrio de poderes es aprobado, presentaré demanda ante la Corte Constitucional, porque hay normas que sustituyen la Constitución y violan el trámite que impone esta. El proyecto está minado de temas inconstitucionales y de vicios de procedimiento.

¿Este anuncio no es una especie de retaliación suya al quedarse prácticamente solo en la propuesta de convocar una constituyente para la reforma a la justicia?

Yo no estoy solo. Me acompaña la comisión interinstitucional.

Pero el presidente de la Corte fue desautorizado por la sala plena…

Sí, pero el presidente de la Corte mantiene su posición. La comisión es totalmente independiente de decisiones que tomen las cortes.

La Comisión de Acusación nunca funcionó. ¿Qué les desagrada a las cortes y a la Fiscalía de que un tribunal de aforados la reemplace?

Comparto el diagnóstico pero no el remedio que propone la reforma. No es conveniente eliminar la intervención del Congreso dentro del proceso de determinación de responsabilidades penales sobre altos funcionarios del Estado, pues este diseño busca mantener un equilibrio entre los poderes.

¿Esto no es agregar más enfrentamientos a los que ya existen en el poder judicial?

De ninguna manera. Es una controversia sana dentro del poder judicial. Lo que pasa es que nosotros, como comisión interinstitucional, hicimos la propuesta más audaz que se ha hecho en los últimos tiempos para reformar la justicia. Tan audaz es que incluye la sugerencia de que entren a formar parte de esta asamblea nacional constituyente los insurgentes, si hay un acuerdo de paz.

¿No es suficiente con el actual marco jurídico?

Tiene un talón de Aquiles, que es la prohibición de participación en política de la insurgencia, y este es un obstáculo para la paz que la podría hacer esquiva.

¿Pero no se podría hacer a través de actos legislativos y leyes estatutarias?

Sí se puede, pero no hay tiempo. Si acudimos a los mecanismos de reforma normales, estarían finalizadas en diciembre del 2016. Cualquier tipo de justicia transicional funcionaría casi un año después de firmados los acuerdos.

¿Usted insistirá en la convocatoria de una constituyente y la inclusión de las Farc?

No doy un paso atrás en mis afirmaciones y en mis posiciones ideológicas. Tengo el pleno convencimiento de que la mejor contribución al proceso de paz es convocar a una constituyente para que esa asamblea realice una reforma profunda de la justicia.

¿Con participación de la guerrilla?

Sí, para que desarrolle inmediatamente los mecanismos de justicia transicional que se requieren con urgencia para poder lograr la desmovilización de la guerrilla. No sé por qué razón sectores que se dicen progresistas le tienen miedo a una constituyente o critican que las Farc tengan presencia en ella. El país no debe olvidar que la Constitución actual fue producto de un acuerdo de paz en el cual casi la cuarta parte de la constituyente estuvo conformada por el M-19 y produjeron la carta política más importante de la historia republicana del país.

¿Para qué propone la presencia de delegados de las Farc en una constituyente cuyo tema único sería la reforma de la justicia?

Porque esa constituyente tendría que considerar temas como la participación en política de insurgentes que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos; esa norma es un obstáculo profundo para el proceso de paz. ¿Cómo es posible que vayamos a pactar la paz sin dar alternativas de participación y de intervención democrática a las Farc, si lo que estamos pidiendo es que acaben 50 años de violencia para que entren a la vida democrática?

¿Qué tiene que ver el proceso de paz con la reforma de la justicia?

Será la justicia a quien le corresponda definir la situación jurídica de miles de desmovilizados y adelantar las investigaciones sobre las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas durante más de 50 años de conflicto. En el derecho internacional, los acuerdos de paz son vinculantes. No atender estos asuntos de la justicia, como en efecto ocurre en la reforma, es quedarse con una franja muy pequeña del problema. Por eso creo que el escenario idóneo para formular una reforma integral de la justicia es una asamblea constituyente limitada.

¿No es previsible que las Farc pidan eliminar toda pena de prisión?

La Constitución actual permite penas alternativas diferentes a privación de la libertad, aun para los casos de graves violaciones a derechos humanos.

¿Eso no está prohibido por los tribunales internacionales?

De ninguna manera, la posición de la fiscal de la Corte Penal Internacional que considera que tiene que existir un mínimo de pena privativa de la libertad no es la posición de los jueces de la Corte de Roma. El modelo de justicia transicional que Colombia está diseñando no está centrado en la impunidad; lo que pasa es que aquí hay críticos del proceso de paz que han vendido la idea falaz de que este es un proceso montado sobre la impunidad de los insurgentes.

¿Pero es que usted, como Fiscal General, está de acuerdo en que no haya penas privativas de la libertad para quienes son responsables de delitos atroces?

Si el precio de la paz que debemos pagar los colombianos es que los insurgentes no paguen con cárcel sus crímenes y, como consecuencia de ello, superemos el conflicto armado más viejo del continente y del mundo, habrá que pagarlo, así haya que restringir algunos elementos del derecho a la justicia.

Yo creía entender que la mayor reacción suya era contra la conformación del tribunal de aforados. Pero lo que pide es una constituyente para la paz…

No es solo contra el tribunal de aforados; contra otros elementos de la reforma. En el proyecto inicial, por ejemplo, el ministro Cristo pretendía poner de rodillas a la rama jurisdiccional ante el Congreso de la República. ¿Usted cree que ese tribunal elegido por el Congreso para investigar y juzgar a las altas cortes y al Fiscal General de la Nación iba a tener independencia e imparcialidad cuando iba a ser elegido por un Congreso que todavía tiene rezagos de 56 o más parlamentarios que condenó la Corte Suprema por ‘parapolítica’?

¿El retiro de la palabra ‘juzgamiento’ no lo dejó satisfecho?

De ninguna manera. Lo que ocurre además es que hay una acción permanente de un sector del Congreso contra las cortes y la Fiscalía. Formulan denuncias por corrupción, cuando los casos de corrupción reales son excepcionales: el actual debate sobre el magistrado Pretelt y el debate del magistrado Villarraga. Y ¿quiénes son esos magistrados? Los 2 fueron ternados por el expresidente Uribe y los eligió el Congreso de entonces. Es conocido que el presidente Uribe repartió burocráticamente el Consejo Superior de la Judicatura; el presidente Uribe se lo entregó a todos los sectores del Congreso; el presidente Uribe politizó la justicia y ahora resulta lanzando críticas a una justicia que durante años ha sido honesta. Eso es inaceptable. Cabalga sobre una tesis que deslegitima la justicia diciendo que lo que queremos es impunidad. Si alguien politizó la justicia, fue él.

 
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