El País de las Víctimas PDF Imprimir Correo electrónico
Política
Miércoles 30 de Noviembre de 2011 11:23

Más allá del horror y el dolor nacional que se desprende del fusilamiento de los tres policías y un militar a manos de una guerrilla que ya nadie comprende, tras el intento fallido de rescate de un ejército que ya nadie interpreta, es preciso fijarnos en el Derecho Internacional Humanitario para intentar explicar este y otros muchos sucesos.

No cabe duda de que el nuestro es un país de víctimas. Las hay por doquier, tanto que ya ni las notamos. En todo el territorio hay víctimas de la delincuencia común, de las guerrillas, de los paramilitares, del Estado, de los narcotraficantes, de los medios, de los sistemas financieros, de los empresarios, de los políticos. Miles de víctimas cuentan cada día sus historias, muchas de las cuales se escribieron con sangre.
Cada día conocemos nuevas víctimas que nos cuentan sus tragedias. El problema es que asistimos a ellas como quien sigue un reality show en el que la gente no espera ver ganar al participante, sino se sintoniza para verlo perder.
Diez años de Plan Colombia y ocho de Seguridad Democrática llenaron al país de víctimas con la más profunda crisis humanitaria y el erróneo manejo del conflicto armado, que mantiene la presencia activa de las Farc en los treinta y dos departamentos del país y la representación de las bandas emergentes herederas de los paramilitares en cada ciudad del territorio nacional, ambos con un nada despreciable poder militar. Con tantas armas en manos de tantos para defender tantos intereses, el nuestro solo puede ser un país de víctimas.
Sin duda, una de las tendencias criminales que más aporta víctimas es el narcotráfico. Pero también el control territorial de las bandas criminales y de las guerrillas, quienes al servicio de diferentes procesos del narcotráfico, protegen los cultivos, los laboratorios, el transporte y la comercialización de la droga, etcétera. Si son necesarios a sus intereses, los desplazamientos son apenas un método.
Es difícil separar una actividad criminal de otra y clasificarla por la cantidad o nivel de víctimas que produce, porque todas ellas se encuentran en puntos comunes, haciendo muy difícil enfrentarlas independientemente. La víctima de un robo, lo es, básicamente, porque su agresor hace parte de una banda de extorsionistas que impone un pago por la seguridad de esa persona y, a su vez, ese extorsionista lo es, porque debe mantener los ingresos de una organización criminal que necesita armas y municiones para mantener el control de una ruta de despacho de estupefacientes, mediante el terror y el poder económico. Según lo manifiestan algunos poderosos criminales, el servicio más caro que deben cancelar las organizaciones delincuenciales es el pago de funcionarios y autoridades que deberían combatirlos.
Esta situación es la que cierra el círculo de las víctimas y las deja completamente desamparadas. Sus quejas ante las autoridades apenas mueven las estadísticas. Nada más. No generan políticas ni estrategias, ni tácticas, ni maniobras para enfrentar los problemas, que crecen hasta adquirir proporciones monstruosas con consecuencias irreversibles, que hunden a la sociedad en el abandono y la conducen a la crueldad y al suplicio, situaciones superadas por los pueblos civilizados.
A propósito de víctimas, es imposible, como colombiano y como ser humano, sustraerse al dolor, la indignación, la frustración, el resentimiento que indispensablemente se producen cuando cuatro colombianos fueron fusilados, tras ser víctimas por más de una década, del horror de ser privados de la libertad y sometidos a las vejaciones del cautiverio, sin juicio justo. Padecimiento que se extendió a todos los miembros de sus respectivas familias dejando huellas imborrables en personas de todas las edades.
Según lo han notificado fuentes oficiales, tras un rescate fallido por parte de las autoridades colombianas, el secretariado de las Farc ordenó el fusilamiento de cinco de sus rehenes. Uno de ellos logró escapar.
La mezcla equilibrada entre la crueldad de los captores y la indolencia del Estado, hizo la tarea. La violación del Derecho Internacional Humanitario es probablemente una de las más notables causas de la generación de víctimas en nuestro país.
Más allá del horror y el dolor nacional que se desprende del fusilamiento de los tres policías y un militar a manos de una guerrilla que ya nadie comprende, tras el intento fallido de rescate de un ejército que ya nadie interpreta, es preciso fijarnos en el Derecho Internacional Humanitario para intentar explicar este y otros muchos sucesos.
El Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de normas que se aplica a todos los países que tengan conflictos armados, tanto internacionales como internos. El DIH existe para proteger a las personas que no participan activamente en el conflicto y también a quienes por razón de su decisión o situación han dejado de participar en las hostilidades. Del mismo modo, el DIH pone límites claros a los métodos utilizados en las guerras y a los recursos empleados en su avance.
Los familiares de los colombianos que por razón de estar al servicio del Estado fueron tomados como prisioneros de guerra, acudieron por catorce años a todas las autoridades competentes para resolver primero lo primero: la libertad de las víctimas. Sus clamores funcionaron para la liberación de todos los políticos que se encontraban retenidos por la guerrilla y de algunos miembros de las fuerzas armadas. Pero un grupo importante de nuestros compatriotas tuvo que seguir viviendo tratos crueles y suplicios a manos de sus captores, sin la intervención efectiva del Estado. Los parientes solicitaron y suplicaron a las autoridades eliminar el rescate de sus seres queridos por la amenaza de fusilamiento que se cernía sobre ellos. Nada sirvió. Su destino estaba en manos de los líderes de un país de víctimas.
Por lo tanto, es mucho pedirle a todos los victimarios que tomen en cuenta al DIH, en un país donde un ex miembro de un gobierno nacional propone públicamente aplicar la tortura como método para controlar a los estudiantes que solicitan lo que es apenas un derecho. ¡País de víctimas!
 
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