Progreso del país depende, en buena parte, de la venta de Isagén PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Radio Palmira   
Sábado 16 de Mayo de 2015 08:35

Mientras Gobierno y gremios defienden la venta, opositores ven que el ambiente en contra crecerá.

En cuestión de 24 horas, el debate sobre la venta de la generadora de energía Isagén, mecanismo pensado para apalancar el ambicioso plan de infraestructura vial que tiene el país, estimado en 50 billones de pesos, se convirtió en una honda preocupación dentro de los sectores público y privado, por la suerte que pueda correr dicho programa si el Consejo de Estado falla en contra de la venta del 57,61 por ciento de las acciones que tiene la Nación en esta empresa del sector eléctrico.

Mientras el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tras conocer el auto que ordenó de nuevo la suspensión del proceso, se mostró confiado en que a la mayor brevedad el Consejo de Estado tome una decisión a favor de los intereses del Ejecutivo, debido a que estos recursos son claves para la generación futura de empleo, el presidente Juan Manuel Santos instó al vicepresidente Germán Vargas Lleras, a Cárdenas y a la ministra de Transporte, Natalia Abello, a unirse para hacer pedagogía y sacar el proceso adelante.

De acuerdo con el primer mandatario, la venta de Isagén tiene un “altísimo contenido de progreso para el país”, toda vez que mientras hoy los recursos “capturados” en la generadora producen una rentabilidad anual del 3,5 por ciento, que es “como tenerlos en un banco”, en las obras de cuarta generación el retorno se mide para la generación de empleo, la mejora de la competitividad y por el progreso.

Al señalar que se respetan las decisiones judiciales, Cárdenas hizo un llamado al Consejo de Estado para que de manera pronta se tome una decisión de fondo sobre el tema, ya que la venta de Isagén “son los puestos de trabajo que miles de colombianos están esperando a lo largo y ancho del país”.

“Estoy seguro de que los señores consejeros de Estado van a entender la importancia de hacer esta transacción en este momento y la altísima rentabilidad para el país”, agregó Santos.

Sin plan B

Por su parte, Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), entidad a través de la cual se movilizará buena parte de la financiación para las vías de cuarta generación (4G) en las que el Estado aporta recursos, no ocultó su preocupación y precisó que la suspensión de la venta de Isagén tendrá un impacto importante sobre la capacidad de ayudar a obtener todos los recursos que necesita el programa.

“En la medida en que hemos venido avanzando en los procesos con los diferentes consorcios que ya se los han ganado –unos 10 que están muy avanzados en sus procesos de buscar la financiación–, la verdad es que la demanda de apoyos nuestros ha estado muy por encima de lo que nosotros podemos dar”, reveló el directivo.

Según el funcionario, la FDN está limitada por su patrimonio actual, que solamente le permite acompañar la financiación del 10 por ciento de cada proyecto que ha sido adjudicado, cuando las necesidades actuales de los consorcios en materia de crédito superan el 20 por ciento.

“Con el patrimonio actual no vamos a poder llegar posiblemente sino a la primera ola y algo de la segunda, y ahí se nos va agotando nuestra capacidad, incluso con un porcentaje inferior al que nos están pidiendo. Entonces estamos viendo cómo solventamos en algunos casos con una alianza que tenemos con el Banco Agrario, pero es algo muy temporal para unos pocos proyectos”, indicó.

Del Valle reconoció que el Gobierno no tiene plan B para financiar el plan de infraestructura vial de cuarta generación y que, si bien el Ministerio de Hacienda ha analizado salidas, en este momento no tiene otra alternativa diferente a los recursos de la venta de Isagén. Por su parte, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), calificó la decisión del Consejo de Estado de un contrasentido y señaló que está tirando por la borda una oportunidad de oro con la suspensión de la venta de la generadora de energía.

La decisión del Consejo de Estado llevó al Consejo Gremial Nacional (CGN) a señalar que, siempre y cuando se garantice que los recursos serán utilizados en el plan de infraestructura y que ningún proyecto sufra dilaciones como producto de la privatización, los gremios confían en que se demostrará la inexistencia de daños al interés público, puesto que solo con una infraestructura adecuada el país logrará sentar las bases que se requieren para garantizar la presencia permanente del Estado en el territorio y favorecer el bienestar de toda la población.

A su turno, el procurador Alejandro Ordóñez dijo que hace ocho días le dijo al ministro Cárdenas que consideraba de la mejor prudencia gubernativa abstenerse, mientras existieran varias acciones judiciales en contra, de hacer esa transacción.

Para José Roberto Acosta, vocero de la Red por la Justicia Tributaria, la suspensión marca un precedente e incrementará el rechazo en en Legislativo a la venta de Isagén.

‘Metas viales al 2022 están en riesgo’: CCI

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) advierte que sin los recursos previstos por la venta de Isagén estaría en juego el cumplimiento de la meta de contar con una red primaria vial completa dentro de siete años.

El presidente del gremio, Juan Martín Caicedo Ferrer, enciende las alertas, ya que justo cuando el desarrollo en infraestructura empieza a despegar y a adquirir una dinámica significativa –luego de 30 años de insistir en el tema–, ahora están apareciendo talanqueras y cortapisas con la suspensión de la venta de Isagén.

El gremio tiene la esperanza de que esta decisión –por tratarse de una medida cautelar provisional– sea revisada concienzudamente por los órganos competentes y se revierta en los próximos días, en pro del desarrollo nacional pero, sobre todo, por el bien de los colombianos.

¿Si la decisión definitiva no permite vender a Isagén, cuál es el plan B?

Se pueden mirar distintas opciones: buscar nuevos empréstitos, emitir TES, cobrar nuevos impuestos. Si ese fuera el caso, aun así hay que conseguir los recursos de Isagén porque las finanzas del Estado están descuadradas. Por lo pronto, hay que ir con todos los fierros al Consejo de Estado y demostrar la rentabilidad social y económica de la venta de Isagén. Ese, para mí, es el plan B. Sin perjuicio de empezar a plantearse la hipótesis de que no funcione.

¿Y cuál es la rentabilidad económica y social?

Que esta locomotora está empujando a la economía, frente al decaimiento del tema petrolero, del minero, del agropecuario y del industrial. Hace cuatro o cinco años teníamos un peso de la infraestructura en el PIB de uno por ciento. Ahora, sin arrancar el plan de 4G, está empezando a superar el 2,5 por ciento. Era claro que cuando arrancara 4G el empujón iba a ser mucho más fuerte. Si le ponemos talanqueras podríamos poner en riesgo, uno, las metas de crecimiento; dos, competitividad; tres, empleo. Por todos los lados, lo único que uno ve es que la rentabilidad económica y social es mucho mayor que mantener ese activo.

Hay un equívoco cuando se menosprecia la posibilidad de cambiar el activo que tenemos por carreteras. El activo en carreteras generará un efecto muy positivo. Nos garantizará competitividad de cara a los TLC, poder llegar a los puertos, acortar tiempos, reducir costos de transporte.

¿El sector financiero del país o la financiación externa no pueden compensar lo que se esperaba de Isagén?

Habría que redoblar esfuerzos en la consecución de recursos, incluso en el mercado internacional. Eventualmente, la primera ola no tendría problemas, pero sí la segunda y tercera olas.

¿Aun si se consiguiera la plata, serían recursos más caros?

Puede ser. Ese es el ejercicio que tiene que hacer el Gobierno.

¿Sin venta, hasta qué punto se podrá cumplir lo planeado?

Parcialmente. Habría que hacer las cuentas. Estamos en vísperas del cierre financiero del paquete de la primera ola. Quisiéramos entender que esta no tendría mayores dificultades. Las tendríamos en segunda y tercera olas. El programa plantea la posibilidad de que al 2022 tuviéramos la red primaria, la red arterial principal de carreteras, casi que completa. Se nos podría truncar ese propósito.

Las tres claves de la nueva medida cautelar

La falta de decisiones judiciales en las demandas que cursan en el Consejo de Estado, las peticiones de los entes de control (Contraloría y Procuraduría) y el diseño de políticas transversales son tres puntos que analizó la Sección Cuarta del alto tribunal para otorgar medidas cautelares para frenar la venta de Isagén, que estaba programada para el martes.

Sobre las demandas contra la subasta, el Consejo indicó que, así se les diera prioridad a esos procesos, las sentencias no se conocerían en menos de tres meses, fecha para la cual la empresa ya estaría en manos de otros dueños y las acciones judiciales ya no tendrían efecto.

Sobre la posición de Contraloría y Procuraduría, subrayó que ambas entidades han pedido al Gobierno que se frene el proceso de venta por estimar que afectaría el patrimonio público.

Y en cuanto al diseño de políticas transversales, que si bien el Gobierno señaló que ese dinero sería destinado a financiar obras viales de cuarta generación, para el alto tribunal también se les debe dar prioridad a puntos como el equilibrio presupuestal, la sostenibilidad fiscal y la responsabilidad del Estado en las políticas que lleven a la satisfacción de necesidades generales.

 
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